Gilberto García y Willian Ozuna rescatarán la institucionalidad del COD y cerrar la puerta a desacatos judiciales
Los candidatos a la presidencia y secretaría general advierten que las elecciones de diciembre deben marcar un antes y un después en el olimpismo dominicano, tras el cuestionamiento al desacato de una sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia.
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RESUMEN
POR FREDDY NÚÑEZ JORGE
SANTO DOMINGO, RD.- El próximo mes de diciembre, el Comité Olímpico Dominicano (COD) celebrará las elecciones que definirán algo más que los nombres de quienes ocuparán el Comité Ejecutivo durante el período 2027-2030. De acuerdo con el planteamiento formulado por Gilberto García y Willian Ozuna, candidatos a la presidencia y a la secretaría general, respectivamente, en esos comicios estará en juego la posibilidad de recuperar la institucionalidad, la legitimidad y el respeto a las normas que deben regir al movimiento olímpico dominicano.
En el comunicado remitido a los presidentes de las federaciones deportivas nacionales, ambos dirigentes llaman a que el voto no sea utilizado para satisfacer intereses particulares, distribuir posiciones o responder a compromisos electorales. Su planteamiento es que el próximo proceso debe servir para rescatar el esplendor del COD y devolverle su condición de institución referente de legalidad, buenas prácticas gerenciales, ética y gobernanza.
Pero hay un elemento que inevitablemente coloca esta elección en un nivel mucho más delicado: el cuestionamiento al respeto de las decisiones judiciales. Los candidatos hacen referencia a lo que califican como desacato a una sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia por parte de la presente gestión del COD, una situación que, de confirmarse en los términos planteados, representaría un hecho de extraordinaria gravedad para una institución que precisamente está llamada a defender la legalidad y la institucionalidad.
El asunto no puede ser tratado como una simple diferencia electoral. Una sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia no debería convertirse en una decisión que una institución acata solamente cuando le resulta conveniente. Precisamente por eso, el planteamiento de los candidatos introduce una pregunta que trasciende la contienda por los cargos: ¿qué mensaje se transmite al país y al movimiento deportivo cuando una administración cuestiona o desconoce el cumplimiento de una decisión judicial firme?
García y Ozuna advierten que una situación semejante no debería repetirse jamás en el olimpismo dominicano. Y esa afirmación cobra especial peso porque, según su posición, estaríamos ante un episodio sin precedentes en el país: una gestión del máximo organismo olímpico enfrentada al cumplimiento de una decisión definitiva de la más alta instancia judicial. Si la institucionalidad pretende ser el fundamento del próximo COD, ese capítulo tendría que quedar definitivamente cerrado.
El comunicado también plantea otras interrogantes: ¿se busca realmente el desarrollo institucional común o la satisfacción de intereses personales? ¿Se está dispuesto a arriesgar la estabilidad de las federaciones por caprichos, imposiciones, exigencias o «pases de factura»? Y, sobre todo, ¿puede construirse un Comité Olímpico sólido si sus propias reglas, los estatutos, las leyes, la Carta Olímpica y las decisiones judiciales son objeto de interpretaciones acomodaticias?
La discusión adquiere mayor dimensión cuando se recuerda que los atletas dominicanos han logrado avances importantes gracias al trabajo de entrenadores y técnicos, mientras la dirigencia no siempre ha mostrado el mismo nivel de evolución institucional. Los candidatos sostienen que de poco serviría formar dirigentes en olimpismo, ética, gobernanza, planificación y administración deportiva si, al momento de tomar decisiones, esos conocimientos no se aplican en beneficio de la organización.
Otro de los llamados de García y Ozuna apunta a recuperar la unidad, aunque no una unidad basada en acuerdos de ocasión. Hablan de respeto, legalidad, legitimidad y apego a los procedimientos. En ese contexto, la verdadera unidad del movimiento olímpico no puede consistir en cerrar filas alrededor de personas o grupos, sino en cerrar filas alrededor de las normas que deben garantizar igualdad de condiciones para todos.
También advierten sobre las consecuencias que los conflictos institucionales pueden tener sobre la imagen internacional del deporte dominicano. El Estado, el empresariado, los patrocinadores y los organismos internacionales necesitan confiar en las instituciones que respaldan. La credibilidad, una vez deteriorada, no se recupera con discursos electorales, sino con actuaciones coherentes y respetuosas del orden institucional.
La experiencia de los últimos años, según la lectura que hacen los candidatos, debería servir de advertencia. Las confrontaciones, las injerencias, los atropellos y los conflictos que rodearon procesos anteriores no pueden convertirse en una costumbre. Si una institución aspira a ser respetada, debe empezar por respetar las reglas y las decisiones de las autoridades competentes. En ese sentido, diciembre representa una oportunidad para determinar si el COD continuará atrapado en las disputas del pasado o si abre una nueva etapa.
Habrá ofertas, acuerdos y negociaciones, como ocurre en toda contienda electoral. Sin embargo, el planteamiento de García y Ozuna es que ninguna alianza debería estar por encima del futuro institucional del COD. Los presidentes de las federaciones tendrán finalmente la palabra y, con su voto, decidirán mucho más que una estructura de poder para los próximos cuatro años: decidirán si el olimpismo dominicano apuesta por la continuidad de los conflictos o por una reconstrucción institucional. Y hay algo que, después de una experiencia como la que denuncian los candidatos, debería quedar fuera de toda discusión: el desacato a una sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia no puede convertirse jamás en una práctica normal dentro del olimpismo dominicano ni volver a repetirse.






