Crisis sacude gobierno del presidente Abinader: intereses ocultos ponen en jaque Juegos Centroamericanos y del caribe
Urge la intervención del ministro de Deportes Kelvin Cruz para frenar el caos y evitar un colapso total
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RESUMEN
POR FREDDY NÚÑEZ JORGE
SANTO DOMINGO, RD.- En la República Dominicana, el deporte ha sido históricamente un espacio de orgullo nacional y de proyección internacional. Sin embargo, a medida que el país se prepara para los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, emergen señales preocupantes que ponen en entredicho la transparencia, la unidad y el verdadero espíritu deportivo que debería prevalecer.
Para nadie es un secreto que el presidente Luis Abinader debe estar al tanto de las tensiones que se han venido gestando en torno a la organización de estos eventos. Diversos sectores que tradicionalmente han sido beneficiados económicamente —a través de la construcción de obras, contratos de suplidores, utilería y uniformes— han quedado fuera en esta ocasión. Esta exclusión no solo ha generado descontento, sino que ha derivado en actitudes que, según se percibe, apuestan al fracaso de una justa que debería ser motivo de unidad nacional.
Más preocupante aún es el panorama interno del Comité Olímpico Dominicano (COD). Lejos de proyectar la imagen de una institución cohesionada y guiada por principios, lo que aflora es una lucha de intereses que desnaturaliza su rol. La pugna por el control de esta entidad ha escalado a niveles que muchos describen como vergonzosos, erosionando la confianza pública y debilitando la institucionalidad deportiva.
En este contexto, resulta pertinente la reflexión del periodista Hugo López Morrobel, quien señala en su columna que «este comportamiento anómalo tiene su origen en luchas fratricidas que se vienen desarrollando desde hace tiempo dentro de la estructura olímpica nacional». Sus palabras no solo describen un problema coyuntural, sino que evidencian una crisis estructural donde los intereses particulares parecen imponerse sobre el bien común.
La situación plantea interrogantes inevitables: ¿puede el país garantizar el éxito de un evento de esta magnitud en medio de divisiones internas? ¿Hasta qué punto los intereses económicos están condicionando el desarrollo del deporte nacional? Y más importante aún, ¿quién asume la responsabilidad de encauzar este escenario hacia la transparencia y la institucionalidad?
El reto no es menor. Se requiere liderazgo firme, voluntad política y un compromiso real con los valores del deporte. De lo contrario, los Juegos no solo correrán el riesgo de fracasar en lo organizativo, sino también de convertirse en el reflejo de una crisis más profunda: la pérdida del sentido ético en la gestión deportiva nacional.






