Abinader continúa creando herramientas para el fortalecimiento institucional de la República Dominicana
Los decretos 407-25 y 408-25 establecen nuevos mecanismos de coordinación para impulsar la institucionalidad en el país.

Analizando noticia con IA…espere un momento.
RESUMEN
Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader, el pasado viernes 25 de julio, emitió el Decreto núm 407-25, 408-25, que crean espacios de trabajo y coordinación para el fortalecimiento institucional de la República Dominicana.
El primero de ellos, el Decreto núm. 407-25, crea la comisión interinstitucional para la elaboración, desarrollo e implementación del Sistema de Integridad Pública de la República Dominicana. Coordinada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), la comisión está compuesta además por el Ministerio de la Presidencia, el de Hacienda y Economía, el de Interior y Policía, el de Administración Pública y el de Educación, así como la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas.
El indicado decreto se motiva en el alto interés de esta Administración de continuar fortaleciendo el marco institucional para la prevención y combate de la corrupción en todas sus manifestaciones, en especial la administrativa, por el efecto destructivo que tiene en el Estado, la afectación del patrimonio público y el mandato constitucional que de manera precisa conmina al Gobierno a luchar en su contra.
En esta lucha contra la corrupción, además de las instituciones públicas mencionadas, ha tenido un papel importante el apoyo dado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). A tono con ello, mediante el Decreto núm. 408-25, el presidente Abinader declaró de interés nacional las acciones, actividades e iniciativas relacionadas con la organización, promoción, impulso y apoyo al proceso de adhesión de la República Dominicana a la mencionada OCDE.
Dicha comisión, coordinada en este caso por el Ministerio de Relaciones Exteriores, está integrada también por el Ministerio de la Presidencia, el de Hacienda y Economía, y el de Industria, Comercio y Mipymes, así como la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.






