El Comité Olímpico Dominicano Contra la Justicia: La Crisis que Nadie Quiere Explicar

POR LUIS CIÑPRIAN

SANTO DOMINGO, RD.- No soy periodista de profesión. Nunca pasé por una escuela de comunicación ni obtuve un título en esa área. Soy ingeniero, licenciado en Administración de Empresas y poseo una maestría en Ciencia Política. Sin embargo, he aprendido que para opinar sobre los asuntos públicos no se necesita un carnet profesional, sino criterio, sentido común y, sobre todo, respeto por la verdad.

Por eso resulta imposible guardar silencio ante lo que ocurre actualmente en el deporte dominicano.

El reciente bloqueo de las cuentas del Comité Olímpico Dominicano (COD), ejecutado por el abogado Ronald Santana, no surge por capricho ni por una decisión improvisada. Es la consecuencia de un largo proceso judicial en el que los tribunales de la República Dominicana han emitido tres sentencias consecutivas, respaldadas además por una decisión de la Suprema Corte de Justicia, ordenando la restitución de los derechos de varias federaciones deportivas suspendidas.

Ante esta realidad, sorprende observar cómo algunos “comunicadores” intentan justificar lo injustificable. Parecería que, para ciertos sectores, el problema no es el desacato a las decisiones judiciales, sino el hecho de que estas sentencias no favorecen a quienes durante años controlaron los hilos del poder deportivo.

Las federaciones de Esgrima, Surfing, Pentatlón Moderno y Tiro llevan más de tres años librando una batalla en los tribunales. Durante ese tiempo han obtenido fallos favorables de manera reiterada. No se trata de una interpretación aislada ni de una opinión particular; son decisiones emitidas por los órganos competentes del sistema judicial dominicano.

La pregunta obligada es: ¿cuántas sentencias más hacen falta para reconocer que esas federaciones tenían razón en sus reclamos?

Lo más preocupante es que todavía existen voces que pretenden presentar a los afectados como responsables de una crisis que no provocaron. Se intenta desviar la atención del verdadero problema: el incumplimiento de decisiones judiciales y la resistencia de algunos sectores a aceptar que, en una democracia, nadie puede colocarse por encima de la ley.

También resulta lamentable que, en lugar de promover soluciones, algunos actores vinculados al Ministerio de Deportes dediquen sus esfuerzos a presionar o persuadir a federaciones deportivas para que retiren su apoyo a las organizaciones suspendidas.

De igual manera, resulta preocupante observar a funcionarios públicos ampliamente cuestionados por su gestión responder preguntas complacientes formuladas por subordinados o comunicadores afines, proyectando una imagen de mansedumbre y buena fe cuando sus actuaciones reflejan una realidad muy distinta.

La institucionalidad no puede ser defendida únicamente cuando conviene. La ley no puede ser respetada a conveniencia. Y las sentencias no pueden convertirse en simples papeles sin valor porque afectan intereses particulares.

La verdadera prueba de compromiso con el deporte dominicano no está en los discursos ni en las ruedas de prensa. Está en la capacidad de respetar la ley, aun cuando sus decisiones no favorezcan nuestras posiciones.

Y en este caso, la justicia ya habló.