Federaciones de Esgrima y Pentatlón “secuestradas” por oficiales del Ejército y la Armada Dominicana
El teniente coronel Carlos Soriano Román y los oficiales de la Armada, Servio O. Sánchez Castillo y Kenny Núñez Veras, con sus acciones desacatan la Resolución de la Suprema Corte de Justicia
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RESUMEN
El deporte federado dominicano atraviesa una de sus crisis más serias, evidenciada por la situación en las federaciones de Esgrima y Pentatlón Moderno. Dirigentes de facto intentan controlar estas organizaciones, ignorando las decisiones judiciales y las graves consecuencias que podrían enfrentar. Las denuncias incluyen usurpación de funciones, falsificación de documentos y manejo indebido de recursos, lo que pone en riesgo la integridad del deporte en el país. Entre los implicados se encuentran altos funcionarios del Comité Olímpico Dominicano y oficiales activos de las Fuerzas Armadas, quienes supuestamente han desacatado una resolución de la Suprema Corte de Justicia que ordena la restitución de derechos a varias federaciones deportivas. Este conflicto no solo afecta a las federaciones, sino que también plantea serias interrogantes sobre el respeto a la institucionalidad y el Estado de derecho en el ámbito deportivo dominicano.
- Crisis institucional en las federaciones de Esgrima y Pentatlón Moderno.
- Acusaciones de usurpación, falsificación y manejo indebido de recursos.
- Involucramiento de oficiales del Ejército y la Armada en acciones ilegales.
- Desacato a una resolución de la Suprema Corte de Justicia.
- Riesgo de un escándalo institucional en el deporte dominicano.
Las federaciones de Esgrima y Pentatlón Moderno en República Dominicana enfrentan una crisis institucional grave, con acusaciones de usurpación, falsificación de documentos y desacato judicial. Oficiales del Ejército y la Armada estarían involucrados en acciones que desafían decisiones de la justicia, lo que podría desencadenar un escándalo en el deporte nacional.
POR LUIS CIPRIAN
SANTO DOMINGO, RD.-Cada día resulta más evidente que el deporte federado dominicano atraviesa una de las crisis institucionales más delicadas de los últimos años. Lo que ocurre actualmente en las federaciones de Esgrima y Pentatlón Moderno no es una simple diferencia entre dirigentes; es, una peligrosa demostración de cómo algunos sectores han decidido colocarse por encima de la ley y de las decisiones de la justicia dominicana.
Los presidentes de facto que hoy intentan controlar dichas federaciones parecen ignorar las graves consecuencias que podrían enfrentar junto a quienes los respaldan desde el propio Comité Olímpico Dominicano (COD). Y lo más preocupante es que ese respaldo, según se denuncia públicamente, provendría de figuras de alto nivel dentro del organismo olímpico, entre ellas su secretario general, Luis Chánlatte; el presidente del COD, Garibaldy Bautista; así como Miguel Camacho y José Mera.
Las acusaciones que rodean este conflicto son demasiado serias como para ser tratadas con indiferencia. Se habla de usurpación y suplantación de funciones, falsificación y sustracción de documentos, manejo indebido de recursos económicos, desacato judicial y acciones coordinadas para debilitar federaciones deportivas reconocidas legalmente. Cuando estas denuncias lleguen a los tribunales, estaríamos frente a uno de los escándalos institucionales más graves del deporte nacional.
Un caso alarmante que entre los señalados figuren oficiales activos de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Se menciona al teniente coronel del Ejército de República Dominicana, Carlos Gilberto Soriano Román; al teniente de Navío de la Armada de República Dominicana, Servio Odalis Sánchez Castillo; y al teniente de corbeta, Kenny Alfredo Núñez Veras.
Según las denuncias, estos oficiales habrían participado en acciones dirigidas a desacatar la Resolución núm. 0242/2026, emitida el 31 de marzo de 2026 por la Suprema Corte de Justicia, mediante la cual se ordena al Comité Olímpico Dominicano restituir de manera inmediata los derechos institucionales, administrativos y financieros de las federaciones de Bádminton, Esgrima, Pentatlón Moderno, Surfing y Tiro, suspendidas durante más de tres años bajo medidas arbitrarias e ilegales.
A mi entender, aquí no solo está en juego el futuro de varias federaciones deportivas; también está en juego el respeto a la institucionalidad democrática y al Estado de derecho. Ninguna organización, por poderosa que sea, puede actuar como si estuviera por encima de una sentencia judicial. Mucho menos cuando se trata de instituciones que deberían promover disciplina, ética y respeto a las normas.
El deporte dominicano merece transparencia y liderazgo serio. Los atletas no pueden seguir siendo víctimas de conflictos internos, ambiciones personales y estructuras de poder que parecen más interesadas en controlar recursos y posiciones que en desarrollar el deporte nacional.
Creo firmemente que la justicia debe llegar hasta las últimas consecuencias. Si hubo irregularidades, que se sancionen. Si hubo abuso de poder, que se establezcan responsabilidades. Pero, sobre todo, que este episodio sirva para enviar un mensaje claro: el deporte dominicano no puede continuar secuestrado por intereses particulares ni dirigido al margen de la ley.
