Giro inesperado: defensa del procurador fiscal Aurelio Valdez tumba a jueza clave en caso de corrupción

La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara dio un giro este viernes, luego de que su defensa recusara a la jueza Isis Muñiz, alegando que está impedida de conocer el proceso.

El abogado del imputado, Albert Delgado, explicó que la recusación se fundamenta en que la magistrada participó en una fase del proceso y tuvo contacto con elementos de prueba durante la entrega controlada. “Ella participó cuando se hizo la entrega controlada. Tuvo contacto con el dinero, con videos y con pruebas que nosotros ni siquiera hemos tenido acceso”, expresó.

Agregó que la jueza ya intervino en aspectos de fondo del caso, por lo que, desde la óptica de la defensa, no puede continuar conociendo el proceso en contra de su representado debido a esa participación previa.

Según establece la norma, el caso deberá ser remitido a la Suprema Corte de Justicia, que será la instancia encargada de decidir sobre el incidente.

Detalles contenidos en la solicitud.

Según el expediente judicial, el 13 de marzo de 2026, el imputado se reunió con el testigo Roberto Canaán en el parqueo de un centro comercial ubicado en la Avenida Jiménez Moya, esquina Avenida 27 de Febrero, en el Distrito Nacional.

En dicho encuentro, el testigo abordó el vehículo del procurador fiscal, quien habría utilizado información privilegiada sobre sus vínculos personales y propiedades para establecer una posición de dominio.

Durante la reunión, el procurador fiscal habría propuesto alterar el curso del proceso judicial en su contra a cambio de un beneficio económico. La exigencia inicial fue de US$200,000, monto que luego redujo a US$150,000 tras una negociación.

Además, mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes-Benz 350 o 450 de color negro, rechazando opciones más económicas.

El procurador fiscal también habría ejercido coacción mediante llamadas telefónicas. El 18 de marzo de 2026, preguntó al testigo: «¿Para cuándo está la cosa?», fijando como fecha límite el 24 de marzo. Para asegurar el pago, habría advertido sobre la inminente judicialización del caso, condicionando la situación legal del testigo al pago del soborno.

Según la solicitud de medida de coerción, el 27 de marzo de 2026, las autoridades realizaron un allanamiento en la residencia del procurador fiscal, donde fue arrestado. Durante la operación, se ejecutó además una entrega vigilada del dinero.

El Ministerio Público sostiene que el imputado se dedicaba a recibir sobornos a cambio de alterar el curso de investigaciones bajo su responsabilidad.