El derecho a réplica no es negociable

POR FREDDY NÚÑEZ JORGE

SANTO DOMINGO, RD. En nuestro país, el derecho a réplica está consagrado en la Constitución de la República y no depende del criterio ni de la conveniencia económica de ningún medio de comunicación. Es una garantía fundamental que protege a personas y empresas frente a publicaciones que afectan su honra, reputación o imagen pública, y su cumplimiento es una obligación constitucional, no una opción editorial.

Sin embargo, numerosos periódicos impresos y digitales han abandonado su rol informativo para operar como instrumentos de intereses particulares. Editores con compromisos económicos o políticos publican notas a seis columnas sin investigación ni contraste, actuando como simple propaganda disfrazada de noticia, especialmente cuando el objetivo es justificar lo injustificable o desacreditar a un adversario.

Cuando llega el momento de responder por el daño causado, muchos de esos mismos editores recurren a una excusa recurrente y cínica: alegan que “no disponen de espacio” para publicar la réplica. Resulta evidente la contradicción, pues el espacio nunca falta para la desinformación, pero siempre escasea cuando se trata de restituir un derecho constitucional y ofrecer equilibrio informativo.

Esa negativa no solo confirma la mala fe editorial, sino que coloca al medio por fuera del marco constitucional. Negar el derecho a réplica expone al editor y a la empresa periodística a responsabilidades legales y a demandas judiciales. La libertad de prensa no puede ni debe servir de refugio para el abuso, la manipulación ni la violación de derechos fundamentales.