Acusan a fiscal Aurelio Valdez de exigir soborno millonario, reloj de lujo y vehículo para manipular investigación

POR EDWIN ENCARNACIÓN

SANTO DOMINGO, RD.- El Ministerio Público ha destapado un escándalo de presunta corrupción que sacude el sistema judicial: el fiscal Aurelio Valdez Alcántara es acusado de utilizar su cargo para extorsionar a un testigo clave a cambio de alterar el curso de una investigación.

Según la orden de arresto, el pasado 13 de marzo Valdez Alcántara sostuvo un encuentro con Roberto Canaán, exgerente de servicio al usuario del Senasa, en el parqueo de un reconocido establecimiento comercial. Allí, presuntamente, el fiscal habría hecho uso de información privilegiada para intimidarlo y someterlo a presión.

La acusación, sustentada por el Ministerio Público bajo la dirección del procurador adjunto Wilson Camacho, detalla que el funcionario exigió inicialmente US$200,000 para “resolver” la situación judicial del testigo. Tras negociaciones, la cifra se redujo a US$150,000, pero las exigencias no se detuvieron ahí.

El fiscal también habría solicitado un reloj Rolex y un vehículo de alta gama —un Mercedes-Benz modelo 350 o 450, color negro—, rechazando incluso opciones más económicas como Volvo o Mazda, en lo que las autoridades describen como una muestra del nivel de ostentación y abuso de poder.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, el Ministerio Público asegura que Valdez Alcántara mantuvo una presión constante sobre la víctima, a través de llamadas telefónicas insistentes, en las que repetía frases como: “¿Para cuándo está la cosa?”, evidenciando una estrategia de coacción continuada.

El ultimátum habría sido claro: el pago debía concretarse antes del 24 de marzo. De lo contrario, el fiscal procedería a judicializar el caso, utilizando el peso de la ley como herramienta de amenaza.

Allanamiento 

Ante la gravedad de las acusaciones y el riesgo de que se ocultaran o destruyeran evidencias, la jueza de instrucción especial Isis Muñiz Almonte autorizó un allanamiento en la residencia del fiscal, ubicada en el Residencial Amanda II, en Santo Domingo Este.

Valdez Alcántara enfrenta cargos preliminares por violar los artículos 174, 177 y 178 del Código Penal Dominicano, relacionados con corrupción y cohecho, así como múltiples disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

La medida judicial se fundamenta en pruebas iniciales que incluyen una nota de inteligencia y la autorización de una entrega vigilada de dinero, emitida el 27 de marzo, lo que refuerza las sospechas de un esquema de corrupción en desarrollo.

Este caso pone bajo la lupa no solo la conducta del fiscal, sino también la vulnerabilidad del sistema ante funcionarios que, en lugar de impartir justicia, presuntamente la negocian.