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Kelvin Cruz debe intervenir antes del colapso del movimiento olímpico dominicano

El desacato a decisiones judiciales y las disputas por el control del COD amenazan la estabilidad del deporte nacional y exigen una acción inmediata del Estado.


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POR FÉLIX MELO

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SANTO DOMINGO, RD.- La crisis que atraviesa el deporte dominicano ya no puede verse como un simple conflicto interno entre federaciones y dirigentes del Comité Olímpico Dominicano (COD). Lo que está ocurriendo representa una seria amenaza para la institucionalidad deportiva y para el respeto mismo de las decisiones judiciales en el país.

Las federaciones de Esgrima, Pentatlón Moderno, Surfing y Tiro fueron suspendidas de manera arbitraria por el COD. Sin embargo, los tribunales dominicanos han emitido tres sentencias consecutivas, incluyendo una resolución de la Suprema Corte de Justicia, ordenando restituir todos sus derechos y reconocer sus autoridades legítimas.

Pese a esas decisiones judiciales, dirigentes del COD han continuado impulsando procesos cuestionados, promoviendo elecciones paralelas y otorgando reconocimiento a directivos señalados como impostores. Todo esto ocurre en medio de una evidente lucha por el control del movimiento olímpico de cara a las elecciones del 2028.

La situación se vuelve aún más delicada porque las sentencias de la Suprema Corte no pueden ser ignoradas en un Estado democrático. Cuando una institución desacata decisiones judiciales y actúa como si estuviera por encima de la ley, se debilita peligrosamente la confianza en todo el sistema institucional.

El silencio del ministro Kelvin Cruz

En este conflicto, el silencio del Ministerio de Deportes también genera preocupación. El ministro Kelvin Cruz conoce ampliamente la situación, pero hasta el momento ha mantenido una actitud distante mientras continúan entregándose recursos públicos e instalaciones deportivas a dirigentes cuya legitimidad está bajo cuestionamiento judicial.

En el país muchos comienzan a preguntarse si desde el ministerio se ha optado por “hacerse de la vista gorda” frente a un problema que amenaza con profundizarse cada día más. Y guardar silencio ante un conflicto de esta magnitud puede interpretarse como una peligrosa indiferencia institucional.

El deporte dominicano no merece convertirse en un escenario de intereses políticos y luchas de poder. Los atletas necesitan estabilidad, transparencia y dirigentes comprometidos con el desarrollo deportivo, no con agendas personales o electorales.

Por eso resulta urgente que el ministro Kelvin Cruz abandone la pasividad y asuma un rol activo como mediador e interventor institucional antes de que esta crisis provoque un colapso del movimiento olímpico y del deporte nacional. El país necesita que el Ministerio de Deportes actúe como garante del respeto a la ley y no como un simple espectador del conflicto.

Todavía hay tiempo para evitar un daño mayor. Pero para lograrlo se necesita voluntad política, respeto a las decisiones judiciales y un compromiso real con la institucionalidad deportiva de la República Dominicana.

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