La justicia ha hablado, pero el conflicto en el C0D continúa
Las reiteradas decisiones de los tribunales en favor de las federaciones contrastan con la resistencia de algunos dirigentes a acatarlas, generando interrogantes sobre la institucionalidad del deporte.
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RESUMEN
POR FREDDY NÚÑEZ JORGE
SANTO DOMINGO, RD.- Jamás pondríamos en duda la capacidad profesional ni la integridad humana de uno de los periodistas más respetados del país, Freddy Tapia, destacado redactor del prestigioso diario Listín Diario, medio para el cual quien escribe también tuvo el honor de laborar durante varios años.
Sin embargo, el respeto por una trayectoria profesional no impide señalar cuando determinadas informaciones terminan reproduciendo versiones alejadas de la realidad o sustentadas en datos cuestionables.
Por lo tanto, es necesario hacer las siguientes puntualizaciones, desde hace más de tres años, el Comité Olímpico Dominicano (COD) mantiene una confrontación con varias federaciones deportivas nacionales, entre ellas las de Esgrima, Surfing, Pentatlón Moderno y Tiro. A estas entidades se les fabricaron expedientes que derivaron en suspensiones ampliamente cuestionadas. No obstante, los tribunales de la República han emitido varias decisiones favorables a dichas federaciones, reconociendo sus derechos y ordenando su restitución.
Más recientemente, la Suprema Corte de Justicia emitió una resolución que ratifica ese criterio y dispone la restitución de los derechos de las federaciones afectadas. Lo preocupante es que, pese a la existencia de estas decisiones judiciales, las autoridades del COD han continuado desacatándolas, proyectando la peligrosa impresión de que algunos dirigentes se consideran por encima de las leyes y de las instituciones de la República.
Ahora bien, cuando el doctor Ronald Santana logró el embargo de las cuentas del Comité Olímpico Dominicano y de varias federaciones vinculadas al conflicto, algunos sectores mediáticos reaccionaron de manera inmediata, difundiendo versiones que parecen más orientadas a defender intereses particulares que a informar con objetividad a la opinión pública.
¿Desapoderamiento de qué?
Es necesario aclarar mi estimado colega Tapia, que en su trabajo publicado ayer miércoles, la fuente que le suministró la información sobre las supuestas nuevas directivas de Esgrima y Pentatlón Moderno, que presiden Gilberto Soriano Román y Kenny Núñez, respectivamente, “se harán representar en la audiencia en virtud de que desapoderaron a Ronald Santana de su representación y renunciaron a seguir litigando contra el Comité Olímpico Dominicano”.

Resulta sorprendente que se intente presentar como dirigentes legítimos a personas que no pueden exhibir actas de asambleas eleccionarias debidamente certificadas por la Procuraduría General de la República. Si tales documentos no existen o no pueden ser presentados, surgen interrogantes legítimas sobre la legalidad de determinadas actuaciones y sobre la validez de las representaciones que se pretenden ejercer.
Los señores Gilberto Soriano Román y Kenny Núñez, quienes se presentan como presidentes de facto de las federaciones de Esgrima y Pentatlón Moderno, respectivamente, son señalados por diversos sectores del movimiento deportivo nacional como presuntos usurpadores de funciones. En consecuencia, carecerían de calidad jurídica para desapoderar al doctor Ronald Santana de las funciones o atribuciones que legítimamente le correspondan.
La controversia no puede reducirse a una simple lucha de poder entre dirigentes deportivos. Lo que está en juego es el respeto al Estado de derecho, a las decisiones de los tribunales y a la transparencia institucional.
La prensa tiene la responsabilidad de fiscalizar el poder, no de servirle de escudo. Del mismo modo, los dirigentes deportivos están obligados a respetar las decisiones de los tribunales, aunque estas no les resulten favorables. Sin respeto a la ley no hay institucionalidad posible, y sin institucionalidad el deporte dominicano seguirá siendo rehén de intereses particulares por encima del interés colectivo.
La pregunta que queda en el aire es sencilla: si los tribunales han hablado de manera reiterada, ¿por qué algunos insisten en ignorar sus decisiones? Y, más importante aún, ¿hasta cuándo se permitirá que el desacato prevalezca sobre la justicia?






