Oposición Ecuador y abogado de presidente Lasso chocan durante audiencia de juicio político
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RESUMEN
Los legisladores de la oposición han promovido audiencias de juicio político contra Lasso, alegando que se hizo la vista gorda ante un supuesto peculado relacionado con un contrato de transporte de petróleo entre la empresa pública Flopec y una empresa del sector privado.
El mandatario ha negado haber actuado mal, señalando que el contrato se firmó en 2018, mucho antes de que asumiera el cargo en mayo del 2021, y que su administración negoció cambios contractuales rentables siguiendo las recomendaciones de la Contraloría del país.
Lasso «no hizo nada» cuando se le advirtió sobre irregularidades en el contrato, dijo la legisladora Viviana Veloz ante la Comisión de Fiscalización.
«Por eso pretendemos que sea censurado y destituido, esa es la verdad constitucional y es la verdad política que muchos pretenden ocultarle al pueblo ecuatoriano», afirmó Veloz, quien presentó cartas y videos que dijo mostraban la responsabilidad política de Lasso en la acusación.
«Pruebas hay de sobra de los actos de corrupción en Flopec», añadió.
No hay pruebas de que Lasso haya estado alguna vez involucrado en los contratos de transporte de Flopec, testificó, de su parte, el abogado defensor Edgar Neira.
«El presidente no tiene bajo su cuidado recursos de la empresa Flopec, ni de ninguna empresa pública», aseguró Neira. «No se ha establecido cuál habría sido esa distracción de fondos públicos, no hay un análisis económico contable que nos indique en qué habría consistido el pretendido perjuicio».
La comisión debería recomendar suspender el juicio político y debería declarar que no hubo corrupción, agregó.
Aunque Lasso no ha logrado en gran medida rectificar la creciente inseguridad y el crimen en las calles, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, algunos ecuatorianos dijeron que su destitución no era la solución.
«El juicio político es una pérdida de tiempo y de recursos, no necesitamos eso cuando el país está controlado por la delincuencia», dijo Yolanda Proaño, de 60 años en Quito. «Si llegan a botar al presidente las cosas no van a mejorar, será peor para la economía, para el empleo».
La comisión tendrá 10 días para preparar su informe. Las audiencias de juicio político son las primeras en décadas.
Los legisladores de la oposición -muchos aliados del expresidente Rafael Correa, condenado por corrupción- necesitarían 92 de 137 legisladores para favorecer la destitución de Lasso si el proceso llega a una votación final en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Los aliados de Lasso han dicho que tienen suficiente respaldo para bloquear su eventual destitución.
Según la Constitución de Ecuador, Lasso podría llamar a elecciones adelantadas para su cargo y la Asamblea Nacional en lugar de enfrentar la votación de juicio político.
Otra legisladora opositora dijo que han presentado una denuncia ante la oficina de la Fiscalía de Ecuador por las supuestas conexiones de Lasso con la corrupción en Flopec.
