“Chánlatte desafía la Suprema Corte de Justicia: el dirigente amenaza con adueñase del deporte dominicano”

POR FREDDY NÚÑEZ JORGE

SANTO DOMINGO, RD.- La crisis institucional que hoy consume al Comité Olímpico Dominicano ha dejado de ser un simple conflicto administrativo para convertirse en una confrontación abierta entre el poder dirigencial y el Estado de derecho. Lo más grave no es únicamente el desacato a una sentencia judicial; lo verdaderamente alarmante es la naturalidad con la que algunos dirigentes parecen asumir que pueden colocarse por encima de la justicia dominicana.

Las expresiones atribuidas a Luis Chánlatte no son simples declaraciones desafortunadas pronunciadas en medio de una discusión interna. Constituyen, en esencia, una confesión pública de desprecio hacia el sistema judicial y hacia los principios básicos de institucionalidad que deben regir cualquier organismo deportivo.

Cuando se afirma que “esas federaciones de Esgrima, Pentatlón Moderno, Surfing y Tiro ya son de nosotros y no las vamos a soltar”, no se está hablando como dirigente deportivo. Se está hablando desde una lógica de apropiación, de control absoluto y de secuestro institucional. Esa frase desnuda una cultura profundamente autoritaria que durante años ha corroído importantes estructuras del deporte nacional: la creencia de que las federaciones pertenecen a grupos de poder y no a los atletas, entrenadores y asociaciones que legítimamente las conforman.

Dimensión peligrosa

El problema adquiere una dimensión todavía más peligrosa cuando el desacato se produce frente a una decisión emanada de la Suprema Corte de Justicia. En cualquier democracia funcional, una sentencia definitiva no es una sugerencia opcional ni un documento sujeto al capricho de dirigentes circunstanciales. Es una orden de obligatorio cumplimiento.

Desobedecer una resolución de esa magnitud implica desafiar directamente la autoridad del Poder Judicial. Y cuando una institución deportiva se permite actuar de esa manera, el mensaje que se envía a la sociedad es devastador: que quien tenga suficiente poder interno puede ignorar la ley sin consecuencias inmediatas.

Ese comportamiento erosiona peligrosamente la confianza pública. Porque si el organismo llamado a defender los valores olímpicos decide desacatar la justicia, entonces el discurso sobre ética, disciplina y juego limpio se convierte en una simple puesta en escena.

Expresiones desafiantes de Chánlatte

Resulta aún más contradictorio que dirigentes que deberían promover el respeto a las normas sean precisamente quienes incentivan su violación. El olimpismo nació sustentado en principios de honor, respeto y legalidad. Pero hoy, sectores dentro del COD parecen haber sustituido esos valores por prácticas de intimidación, control político y resistencia institucional.

Las expresiones desafiantes atribuidas a Chánlatte, acompañadas incluso de frases cargadas de tono amenazante, revelan además un problema más profundo: la normalización de la impunidad dentro de ciertos espacios dirigenciales. El mensaje implícito parece ser que el poder acumulado durante años les otorga licencia para desconocer tribunales, manipular estructuras y perpetuarse mediante mecanismos de fuerza interna.

Sin embargo, la historia institucional demuestra algo contundente: ningún grupo de poder es eterno. Las organizaciones que terminan destruidas desde dentro son precisamente aquellas donde la arrogancia sustituye la legalidad y donde el interés personal se impone sobre el interés colectivo.

Lo verdaderamente triste es que, mientras estas luchas se desarrollan en oficinas y reuniones privadas, quienes pagan el precio son los atletas. Jóvenes que entrenan diariamente con sacrificio, federaciones paralizadas por conflictos internos y disciplinas deportivas atrapadas en una guerra de egos y control político.

El deporte merece dirigentes que respeten la lay

El deporte dominicano merece dirigentes capaces de respetar la ley incluso cuando las decisiones judiciales no favorecen sus intereses. Ahí es donde se mide el verdadero compromiso democrático. Porque defender la institucionalidad únicamente cuando conviene no es liderazgo; es oportunismo.

La negativa de Luis Chánlatte, José Mera e Irina Pérez a acatar plenamente el mandato judicial no solo compromete la imagen del Comité Olímpico Dominicano. También coloca al deporte nacional frente a uno de los momentos más delicados de su historia reciente: decidir si continuará siendo administrado bajo normas institucionales o bajo la lógica de pequeños grupos que creen estar por encima de la República y sus leyes.

Y cuando una dirigencia comienza a creer que puede desafiar impunemente a la Suprema Corte, el problema ya no es deportivo. El problema es democrático.