Cuando el Comité Olímpico Dominicano decide no ver

POR FÉLIX MELO

SANTO DOMINGO, RD.-. «No hay más ciego que aquel que no quiere ver». Pocas veces un refrán popular describe con tanta precisión una realidad como la que, a juicio de muchos dirigentes deportivos, vive hoy el Comité Olímpico Dominicano (COD) frente al conflicto que envuelve a la Federación Dominicana de Esgrima.

Lo que ha ocurrido no solo despierta dudas, sino que golpea directamente la credibilidad de una institución llamada a ser garante de la legalidad, la transparencia y el respeto a los estatutos del movimiento olímpico. En lugar de actuar como árbitro imparcial, el COD ha decidido reconocer una directiva cuya legitimidad ha sido ampliamente cuestionada.

La situación resulta aún más preocupante cuando se denuncia que dicha directiva, encabezada por los tenientes coroneles Carlos Gilberto Soriano Román y Luis Luna Yorro, surgió de un proceso electoral convocado sin facultad legal para hacerlo, sin la supervisión de un delegado del Comité Olímpico Dominicano y, lo más grave, con personas que, según se afirma, no figuraban como miembros de las asociaciones que posteriormente pasaron a representar.

Si estos hechos son ciertos, no se trata de un simple conflicto interno entre dirigentes. Se trata de un precedente peligroso para el deporte nacional. Significa que cualquier grupo podría desconocer a asociaciones legalmente constituidas, organizar unas elecciones al margen de los estatutos y, posteriormente, recibir el reconocimiento del organismo que precisamente debería impedir ese tipo de atropellos.

El silencio del Comité Olímpico Dominicano no puede interpretarse como neutralidad. Cuando una institución conoce denuncias de presuntas irregularidades y, aun así, decide validar sus resultados sin una explicación convincente, inevitablemente surgen interrogantes sobre las verdaderas razones que motivaron esa decisión.

Las versiones que circulan dentro del movimiento deportivo apuntan a que el respaldo otorgado por el presidente del COD, Garibaldy Bautista, y el secretario general, Luis Chanlatte, respondería más a cálculos electorales que al estricto cumplimiento de las normas. Se especula que el interés sería garantizar apoyos de cara a las elecciones de diciembre, cuando se escogerá un nuevo Comité Ejecutivo del organismo.

Si esa percepción llegara a confirmarse, sería una de las páginas más lamentables en la historia reciente del deporte dominicano. La institucionalidad no puede convertirse en moneda de cambio para asegurar votos. El Comité Olímpico no fue creado para fabricar mayorías electorales, sino para proteger la integridad del sistema deportivo.

El daño que producen estas decisiones va mucho más allá de la esgrima. Los atletas observan cómo las reglas parecen aplicarse según la conveniencia de quienes ostentan el poder. Los dirigentes honestos pierden confianza en las instituciones. Y la sociedad recibe el mensaje de que, en el deporte, la fuerza política puede imponerse sobre la legalidad.

El Comité Olímpico Dominicano todavía está a tiempo de demostrar que su compromiso es con la justicia, no con intereses particulares. Pero para ello deberá actuar con absoluta transparencia, explicar las razones de sus decisiones y responder a los cuestionamientos con documentos y argumentos, no con silencio.

Porque cuando quienes deben defender la institucionalidad prefieren ignorar lo evidente, dejan de ser árbitros para convertirse en parte del problema.

Y cuando eso ocurre, el verdadero perdedor no es una federación ni un grupo de dirigentes: es el deporte dominicano.