De la clínica clandestina a Senasa 2.0: el expediente que coloca a Griselda Basora bajo la lupa de la justicia

POR EDWIN ENCARNACIÓN

SANTO DOMINGO, RD.- Este domingo, a las 7:00 de la noche, el tribunal dará a conocer su decisión sobre la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra 22 médicos y empleados vinculados al Seguro Nacional de Salud (Senasa), acusados de presuntas irregularidades en el cobro de consultas y procedimientos médicos que, según la acusación, no fueron realizados a los afiliados.

Entre los imputados figura la doctora Griselda Altagracia Basora Ramírez, quien en los últimos meses también ha sido vinculada a otro caso que generó atención pública: el funcionamiento de una clínica de estética que, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, operaba de manera clandestina y donde una joven falleció luego de ser sometida a una liposucción realizada por un hombre que no contaba con formación médica ni acreditación como cirujano plástico.

Basora Ramírez es señalada por el Ministerio Público en el caso Senasa 2.0 de haber presentado reclamaciones a la ARS estatal por procedimientos médicos que no correspondían con los pacientes a los que fueron atribuidos. La acusación sostiene, específicamente, que habría reclamado el pago de procedimientos ginecológicos que fueron registrados a nombre de un hombre.

La clínica y la muerte de Rebecca Brizard

En julio pasado, el Ministerio de Salud Pública informó que la Clínica de Obesidad y Antienvejecimiento Dra. Griselda Basora, ubicada en Santo Domingo Este y de la que Basora Ramírez figura como propietaria, funcionaba sin las condiciones requeridas para prestar servicios de salud.

En ese establecimiento, según las autoridades, el barbero Enmanuel Hernández, quien no tenía formación médica ni estaba acreditado como cirujano plástico, realizó una liposucción a Rebecca Brizard, de 28 años, quien posteriormente falleció.

Tras el hecho, las autoridades solicitaron la comparecencia de Basora Ramírez. De acuerdo con declaraciones ofrecidas entonces por Juan Gerardo Mesa, director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, la doctora no acudió al primer citatorio, aunque posteriormente se presentó ante las autoridades para ser entrevistada.

“Citamos a la doctora Basora y nos dejó esperando; no vino”, declaró Mesa días después del fallecimiento de Brizard.

El funcionario también afirmó que el establecimiento “funcionaba de manera clandestina” y manifestó su sorpresa de que una persona pudiera someterse allí a un procedimiento médico, debido a las condiciones del local y a la falta de equipos necesarios para realizar intervenciones quirúrgicas.

Luego de que el fallecimiento de Brizard fuera divulgado por los medios de comunicación, Hernández salió del país, de acuerdo con las informaciones ofrecidas en ese momento.

Las imputaciones en el caso Senasa 2.0

En cuanto a las acusaciones que pesan contra Basora Ramírez dentro del caso Senasa 2.0, identificado por el Ministerio Público como Operación Cobra 2.0-A, la solicitud de medida de coerción señala que la imputada habría presentado dos reclamaciones médicas el 22 de julio de 2024, atribuyendo a un hombre diagnósticos y procedimientos que, según el documento acusatorio, eran “manifiestamente incompatibles con su condición biológica de sexo masculino”.

El expediente presentado por el Ministerio Público, mediante el cual solicita 18 meses de prisión preventiva para Basora Ramírez y los demás imputados, especifica que entre las reclamaciones figura el cobro por un “trastorno no inflamatorio especificado de la vulva” y una “resección de granuloma vulvoperineal”.

Durante el allanamiento realizado en contra de Basora Ramírez, las autoridades también ocuparon, según consta en la solicitud de coerción, diversos documentos societarios relacionados con la Clínica de Obesidad y Antienvejecimiento Dra. Griselda Basora.

Asimismo, fueron ocupados documentos vinculados al Centro Médico de Salud Integral y Cirugía Estética (CEMESICE), S.R.L., según el expediente depositado por el Ministerio Público.

La decisión del tribunal sobre las medidas solicitadas será conocida este domingo a las 7:00 de la noche, en un proceso en el que los imputados deberán responder ante la justicia por las acusaciones formuladas en su contra.