El embargo al COD no es el problema; el desacato a LAS SENTENCIAS SÍ

POR LUIS CIPRIAN

SANTO DOMINGO, RD.- Hay momentos en los que resulta imposible permanecer indiferente. Leer y escuchar opiniones que cuestionan el embargo realizado por el doctor RONALD SANTANA a las cuentas bancarias del COMITÉ OLIMPICO DOMINICANO (COD) y de nueve federaciones deportivas produce una profunda indignación. En lo personal, siento una mezcla de impotencia, decepción y hastío al ver cómo se intenta presentar como injusta una acción que tiene su origen en el reiterado incumplimiento de decisiones judiciales.

Durante años, las federaciones de Esgrima, Surfing, Pentatlón Moderno, Tiro y Bádminton han denunciado persecuciones, abusos, fabricación de expedientes y múltiples atropellos. No fueron simples diferencias administrativas; fueron acciones que dejaron profundas heridas en la institucionalidad deportiva y afectaron el desarrollo de disciplinas que merecen respeto y apoyo.

Lo más preocupante es que LA JUSTICIA HABLÓ. No una, sino TRES VECES  a favor de estas federaciones. Posteriormente, una decisión de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ordenó restituirles plenamente sus derechos. En un Estado de derecho, esa decisión debió cerrar definitivamente el conflicto. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario: LAS SENTENCIAS FUERON DESACATADAS.

Hoy sorprende ver a voces que permanecieron en silencio durante todo ese proceso levantar la bandera de la indignación únicamente cuando se ejecutan medidas para exigir el cumplimiento de esas decisiones judiciales.

¿DÓNDE ESTABAN CUANDO SE IGNORABAN LAS SENTENCIAS? ¿Dónde estaban cuando se vulneraban los derechos de esas federaciones?

EL SILENCIO FRENTE A LA INJUSTICIA TAMBIÉN ES UNA FORMA DE COMPLICIDAD.

La autoridad moral para opinar sobre un tema tan delicado se construye con coherencia. NO SE PUEDE DEFENDER EL RESPETO A LA LEY SOLO CUANDO CONVIENE. La justicia debe respetarse siempre, aun cuando sus decisiones no favorezcan intereses particulares.

La solución nunca ha sido complicada. Basta con cumplir las sentencias, restituir los derechos de las federaciones afectadas y devolverle al deporte dominicano la institucionalidad que merece. Mientras eso no ocurra, cualquier medida legal destinada a hacer cumplir los fallos judiciales será una consecuencia del incumplimiento, nunca la causa del conflicto.

El deporte debe ser un espacio donde prevalezcan el juego limpio, la transparencia, la ética y el respeto a las instituciones. Es doloroso comprobar que, en ocasiones, esos principios parecen ceder ante intereses personales o de grupos. Sin embargo, todavía existe la oportunidad de rectificar.

Porque cuando se desacata la justicia, no pierde una federación ni un dirigente. Pierde el deporte dominicano. Pierde la institucionalidad. Y, sobre todo, pierde la confianza de un país que espera de sus dirigentes el ejemplo de cumplir la ley, no de ignorarla cuando les resulta incómoda.