El embargo al COD no es el problema; el desacato a LAS SENTENCIAS SÍ
El verdadero conflicto no es un embargo, sino años de sentencias ignoradas, derechos vulnerados y un preocupante silencio de quienes hoy levantan la voz.
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RESUMEN
El doctor Ronald Santana embargó las cuentas del Comité Olímpico Dominicano (COD) y de nueve federaciones deportivas debido al incumplimiento de decisiones judiciales que favorecían a estas últimas. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia ordenó la restitución de sus derechos, las sentencias han sido desacatadas, lo que ha provocado indignación entre quienes defienden la legalidad. Las federaciones de Esgrima, Surfing, Pentatlón Moderno, Tiro y Bádminton han denunciado abusos y atropellos que han afectado su desarrollo. La situación ha generado un debate sobre la importancia de respetar las decisiones judiciales en un Estado de derecho. Se critica la falta de reacción de algunos sectores ante el incumplimiento de las sentencias, que ahora se manifiestan en contra del embargo. La solución, según los expertos, radica en cumplir con las sentencias y restaurar la institucionalidad del deporte dominicano, que se ve amenazada por intereses personales y la falta de ética.
- El embargo fue realizado por el doctor Ronald Santana.
- Las federaciones afectadas han denunciado abusos y falta de respeto a sus derechos.
- La Suprema Corte de Justicia emitió tres sentencias a favor de las federaciones.
- Las sentencias han sido desacatadas, generando controversia.
- Se enfatiza la necesidad de cumplir con la ley para restaurar la confianza en el deporte dominicano.
El embargo a las cuentas del Comité Olímpico Dominicano (COD) por parte del doctor Ronald Santana ha generado controversia, pero se fundamenta en el incumplimiento de sentencias judiciales. Las federaciones deportivas afectadas han denunciado abusos y la falta de respeto a sus derechos, lo que ha llevado a la justicia a intervenir en varias ocasiones.
POR LUIS CIPRIAN
SANTO DOMINGO, RD.- Hay momentos en los que resulta imposible permanecer indiferente. Leer y escuchar opiniones que cuestionan el embargo realizado por el doctor RONALD SANTANA a las cuentas bancarias del COMITÉ OLIMPICO DOMINICANO (COD) y de nueve federaciones deportivas produce una profunda indignación. En lo personal, siento una mezcla de impotencia, decepción y hastío al ver cómo se intenta presentar como injusta una acción que tiene su origen en el reiterado incumplimiento de decisiones judiciales.
Durante años, las federaciones de Esgrima, Surfing, Pentatlón Moderno, Tiro y Bádminton han denunciado persecuciones, abusos, fabricación de expedientes y múltiples atropellos. No fueron simples diferencias administrativas; fueron acciones que dejaron profundas heridas en la institucionalidad deportiva y afectaron el desarrollo de disciplinas que merecen respeto y apoyo.
Lo más preocupante es que LA JUSTICIA HABLÓ. No una, sino TRES VECES a favor de estas federaciones. Posteriormente, una decisión de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ordenó restituirles plenamente sus derechos. En un Estado de derecho, esa decisión debió cerrar definitivamente el conflicto. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario: LAS SENTENCIAS FUERON DESACATADAS.
Hoy sorprende ver a voces que permanecieron en silencio durante todo ese proceso levantar la bandera de la indignación únicamente cuando se ejecutan medidas para exigir el cumplimiento de esas decisiones judiciales.
¿DÓNDE ESTABAN CUANDO SE IGNORABAN LAS SENTENCIAS? ¿Dónde estaban cuando se vulneraban los derechos de esas federaciones?
EL SILENCIO FRENTE A LA INJUSTICIA TAMBIÉN ES UNA FORMA DE COMPLICIDAD.
La autoridad moral para opinar sobre un tema tan delicado se construye con coherencia. NO SE PUEDE DEFENDER EL RESPETO A LA LEY SOLO CUANDO CONVIENE. La justicia debe respetarse siempre, aun cuando sus decisiones no favorezcan intereses particulares.
La solución nunca ha sido complicada. Basta con cumplir las sentencias, restituir los derechos de las federaciones afectadas y devolverle al deporte dominicano la institucionalidad que merece. Mientras eso no ocurra, cualquier medida legal destinada a hacer cumplir los fallos judiciales será una consecuencia del incumplimiento, nunca la causa del conflicto.
El deporte debe ser un espacio donde prevalezcan el juego limpio, la transparencia, la ética y el respeto a las instituciones. Es doloroso comprobar que, en ocasiones, esos principios parecen ceder ante intereses personales o de grupos. Sin embargo, todavía existe la oportunidad de rectificar.
Porque cuando se desacata la justicia, no pierde una federación ni un dirigente. Pierde el deporte dominicano. Pierde la institucionalidad. Y, sobre todo, pierde la confianza de un país que espera de sus dirigentes el ejemplo de cumplir la ley, no de ignorarla cuando les resulta incómoda.
