¡Le cierran el grifo al COD! Embargan cuentas bancarias tras desacato a la Suprema Corte

SANTO  DOMINGO, RD.- La crisis que desde hace más de tre años sacude al Comité Olímpico Dominicano (COD) ha entrado en una nueva y preocupante etapa. Luego de que los tribunales de la República emitieran tres sentencias favorables a las federaciones de Badminton, Esgrima, Pentatlón Moderno, Surfing y Tiro, suspendidas previamente por el COD, y tras la posterior Resolución No. 0242/2026 de la Suprema Corte de Justicia, dictada el 31 de marzo de 2026, que ordena restablecer sus derechos como miembros de pleno derecho, la máxima entidad olímpica del país optó por un camino que hoy le está pasando factura: el desacato.

Ante la negativa del COD de cumplir las decisiones judiciales, las federaciones afectadas, encabezadas por el doctor Ronald Santana, recurrieron a los mecanismos legales disponibles para hacer valer sus derechos. Como resultado, fueron embargadas cuentas bancarias del Comité Olímpico Dominicano, así como de las federaciones cuyos presidentes forman parte de su Comité Ejecutivo.

Además, mediante actos de alguacil, el Ministerio de Deportes fue formalmente notificado en tres ocasiones sobre la existencia y alcance de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia, dejando constancia de la obligación legal de acatar lo dispuesto por el más alto tribunal del país.

Según han expresado los representantes de las federaciones afectadas, durante meses esperaron una rectificación voluntaria por parte del COD. Sin embargo, lejos de corregir lo que consideran errores reiterados, la dirigencia olímpica decidió ignorar las decisiones judiciales, comprometiendo no solo su credibilidad institucional, sino también su patrimonio económico.

La situación plantea una reflexión obligada. Ninguna institución, por importante que sea, puede colocarse por encima de la ley. El deporte organizado se sustenta en principios de transparencia, respeto a las normas y apego a los procesos democráticos. Cuando una entidad llamada a promover esos valores decide desconocer sentencias judiciales firmes, el daño trasciende el conflicto particular y afecta la imagen de todo el sistema deportivo nacional.

Lo más preocupante es que los recursos económicos que hoy podrían verse afectados por los embargos están destinados, en última instancia, al desarrollo deportivo, a la preparación de atletas y al fortalecimiento de las federaciones. Es decir, los principales perjudicados podrían terminar siendo los propios deportistas, quienes nada tienen que ver con las disputas administrativas y jurídicas que enfrentan sus dirigentes.

La dirigencia deportiva dominicana tiene ante sí una oportunidad para evitar que esta crisis continúe escalando. El respeto a las decisiones de los tribunales no debe verse como una derrota, sino como una obligación inherente a cualquier organización que aspire a representar valores de integridad y juego limpio.

Porque al final, en una sociedad democrática, las diferencias se resuelven en los tribunales. Y cuando los tribunales hablan, el desacato nunca puede ser la respuesta.