Militares del Ejercito de RD, Fuerza Aerea y la Armada Dominicana desacatan sentencia de la Suprema Corte de Justicia
Garibaldy Bautista y Luis Chanlatte no solo desafían decisiones judiciales; ahora pretenden reescribir una realidad que durante más de tres años ha sido ventilada en los tribunales de la República.
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RESUMEN
El Comité Olímpico Dominicano (COD), liderado por Garibaldy Bautista y Luis Chanlatte, ha presentado documentos en la Procuraduría General de la República que buscan legitimar su autoridad sobre varias federaciones deportivas, a pesar de un conflicto que se ha prolongado por más de tres años. Durante este tiempo, los tribunales dominicanos han emitido múltiples sentencias a favor de las federaciones de Esgrima, Pentatlón Moderno, Tiro y Surfing, las cuales han sido ignoradas por el COD. La participación de militares en este desacato ha suscitado preocupación. Se han mencionado a varios oficiales, incluyendo tenientes coroneles y un teniente de navío, por su supuesta intervención en los procesos relacionados con las federaciones en conflicto. La Suprema Corte de Justicia emitió una resolución que ordena la restitución de derechos a estas federaciones, y el incumplimiento de esta decisión plantea serias dudas sobre el respeto a la ley en el país.
- El COD busca legitimar su autoridad a pesar de conflictos legales con varias federaciones deportivas.
- Las sentencias judiciales a favor de las federaciones han sido sistemáticamente desacatadas.
- Militares han sido acusados de intervenir en procesos relacionados con estas federaciones.
- La Suprema Corte de Justicia ordenó la restitución de derechos a las federaciones afectadas.
- Se requiere una investigación sobre el incumplimiento de las decisiones judiciales por parte de las autoridades.
Militares de la República Dominicana han sido acusados de desacatar una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que ordena la restitución de derechos a varias federaciones deportivas. La situación ha generado preocupación sobre el respeto al Estado de derecho y la intervención de autoridades en conflictos institucionales.
POR LUIS CIPRIAN
LA ROMANA, RD.- Resulta sorprendente que Garibaldy Bautista y Luis Chanlatte, presidente y secretario general del Comité Olímpico Dominicano (COD), acudieran a la Procuraduría General de la República a depositar documentos mediante los cuales pretenden hacer creer que las directivas que actualmente reconocen son las legítimas autoridades de varias federaciones deportivas nacionales.
Sin embargo, omitieron un detalle fundamental: citar en su documentación que las federaciones de Esgrima, Pentatlón Moderno, Tiro y Surfing mantienen un conflicto institucional con el COD desde hace más de tres años y, durante ese tiempo, los tribunales dominicanos han emitido múltiples sentencias favorables a dichas entidades.
La realidad es que esas decisiones judiciales han sido desacatadas sistemáticamente. Lejos de procurar una solución institucional basada en el respeto al Estado de derecho, la dirección del COD ha insistido en desconocer fallos que emanan de órganos competentes de la República Dominicana. Más preocupante aún es que las nuevas directivas que ahora se presentan como legítimas, son el fruto de artimaña.
Militares y el deber de respetar la ley
Un aspecto que merece especial atención es la participación de miembros de instituciones militares en estos acontecimientos. Los tenientes coroneles del Ejército de República Dominicana, Carlos Soriano Román, Jonathan Suero y Luis Luna Yorro, este último de la Fuerza Aerea de RD, así como el teniente de navío Servio Odalis Sánchez; y el teniente de corbeta Kenny Núñez Veras han sido señalados por su presunta intervención en procesos relacionados con las federaciones en conflicto y de paso desacatadores de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia .
Si tales actuaciones se produjeron en contravención de decisiones judiciales, las autoridades correspondientes tienen la obligación de investigar los hechos y determinar responsabilidades. Ningún ciudadano, independientemente de su rango o posición, debe colocarse por encima de la ley ni contribuir al incumplimiento de resoluciones emitidas por los tribunales de la República.
La Resolución núm. 0242/2026, emitida el 31 de marzo de 2026 por la Suprema Corte de Justicia, ordenó la restitución inmediata de los derechos institucionales, administrativos y financieros de las federaciones de Bádminton, Esgrima, Pentatlón Moderno, Surfing y Tiro. Una decisión de esa naturaleza no admite interpretaciones caprichosas ni maniobras dilatorias; su cumplimiento constituye una obligación legal.
Cuando quienes dirigen organizaciones llamadas a promover valores como la disciplina, la ética y el juego limpio son señalados por desacatar sentencias judiciales, el mensaje que se envía a la sociedad es profundamente negativo.
La Procuraduría General de la República, así como las instituciones militares involucradas, tienen la responsabilidad de esclarecer estos hechos. El país necesita respuestas claras, porque ninguna organización, por importante que sea, puede colocarse por encima de la justicia.
