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Ocho a prisión preventiva y caso Senasa 2.0 es declarado complejo


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POR EDWIN ENCARNACIÓN

SANTO DOMINGO, RD.- El caso Senasa 2.0 tomó este domingo un nuevo giro con la decisión del juez Rigoberto Sena de enviar a prisión preventiva a ocho de los imputados y declarar complejo el proceso, en una investigación que involucra a 27 personas y que el Ministerio Público vincula con un presunto desfalco de unos 40 millones de pesos contra el Estado.

La decisión fue adoptada por el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional al concluir una extensa audiencia celebrada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde el órgano acusador había solicitado 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso.

Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación deberán cumplir prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras. Mientras, Isabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almanzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista fueron enviadas al CCR Najayo Mujeres.

El tribunal también impuso arresto domiciliario a Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borrome Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Ray Ernesto Mercedes Lugo y Víctor Felipe Rodríguez García.

En tanto, Luz Esther Reyes, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora, Juan Gabriel Rodríguez, Martha María Saldaña y Keila Beatriz Acosta Leonardo recibieron garantía económica. Para los demás imputados fueron dispuestas medidas como presentación periódica, garantía económica e impedimento de salida del país.

La investigación, identificada por el Ministerio Público como Operación Cobra 2.0-A, incluye a exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y médicos. Entre las evidencias recopiladas figuran servicios médicos facturados y cobrados a la aseguradora estatal por procedimientos que, de acuerdo con la investigación, nunca fueron realizados.

A su salida del tribunal, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, advirtió a los médicos sobre las consecuencias de prestar sus códigos de acceso y afirmó que esa práctica puede terminar involucrándolos en un proceso penal.

Camacho sostuvo que, de los 22 médicos imputados, el presunto esquema investigado no habría podido desarrollarse si estos no hubieran facilitado sus códigos. Por ello, planteó la necesidad de promover una campaña dirigida al sector médico para advertir sobre los riesgos de compartir esas credenciales.

El funcionario reiteró que las investigaciones sobre el caso Senasa no han concluido y que el Ministerio Público continuará profundizando las pesquisas. La audiencia terminó pasadas las 10:00 de la noche, dejando bajo distintas medidas de coerción a los imputados mientras avanza el proceso judicial.

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